Cómo sustituir subsidios universales por apoyos focalizados en Pakistán

Pakistán enfrenta una doble presión: bajas tasas de recaudación tributaria respecto al producto interno bruto, dependencia recurrente de financiamiento externo y una proporción significativa de la población que vive cerca o por debajo de la línea de pobreza. Esta configuración obliga a identificar medidas que aumenten ingresos fiscales sin transferir la carga a los hogares más vulnerables ni erosionar la demanda interna. Cualquier estrategia debe combinar reformas tributarias, modernización administrativa y un fortalecimiento simultáneo de redes de protección social.

Principios clave para diseñar reformas equilibradas

Progresividad: orientar el esfuerzo hacia quienes poseen una mayor capacidad contributiva.
Focalización: reemplazar los subsidios generales por apoyos dirigidos específicamente a la población en situación de pobreza.
Eficiencia administrativa: disminuir la evasión y la elusión mediante procesos digitalizados y verificación cruzada de datos.
Neutralidad económica: evitar cargas tributarias que frenen la inversión productiva o la formalización.
Transparencia y comunicación: exponer de manera clara quién contribuye, cuánto aporta y de qué forma se administran los recursos para fortalecer la aceptación pública.

Estrategias fiscales concretas

Ampliar la base tributaria: suprimir exenciones fiscales generales que favorecen a grupos con mayor poder adquisitivo y reevaluar regímenes especiales que disminuyen la recaudación. Por ejemplo, podrían reconsiderarse beneficios históricos otorgados a sectores extractivos o industriales, sustituyéndolos por incentivos temporales condicionados a generación de empleo o inversión.
Reformar el impuesto sobre el valor agregado (IVA): conservar una tasa amplia y única, aplicando exenciones estrictamente acotadas y un listado claro de bienes esenciales con tasa cero o reducida para resguardar a los hogares más pobres. Al mismo tiempo, conviene reforzar los sistemas de devolución para exportadores y sectores vulnerables a fin de evitar distorsiones.
Mejorar progresividad del impuesto sobre la renta: incrementar los tramos altos, eliminar vacíos que facilitan convertir ingresos laborales en rentas de capital y asegurar retenciones efectivas sobre rentas elevadas y pagos a no residentes.
Implementar o fortalecer impuestos sobre el patrimonio: aplicar gravámenes al patrimonio inmobiliario o a plusvalías de inmuebles de gran valor, con criterios progresivos y umbrales altos que protejan a propietarios con ingresos limitados.
Recaudación efectiva sobre la economía digital y servicios segmentados: gravar plataformas digitales, servicios financieros móviles y actividades de la economía digital mediante parámetros claros, evitando sobrecargar a microempresas mediante esquemas simplificados.
Control aduanero y lucha contra el contrabando: modernizar puertos y pasos fronterizos integrando sistemas de escaneo, intercambio de datos y tarifas predefinidas que disminuyan pérdidas asociadas al comercio ilícito.
Revisar tarifas y subsidios a energía y combustibles: retirar subsidios universales y reemplazarlos por transferencias focalizadas; establecer tarifas progresivas en electricidad y gas con rangos de consumo residencial que protejan el uso básico indispensable.
Movilizar recursos no tributarios: optimizar la administración de empresas estatales, ajustar concesiones y privilegios, y enajenar activos no estratégicos con transparencia para generar ingresos temporales orientados a inversión social.

Medidas administrativas para aumentar cumplimiento sin aumentar carga sobre hogares pobres

Digitalización y facturación electrónica: adoptar plataformas de facturación electrónica y mecanismos automáticos de verificación de declaraciones con el fin de disminuir la evasión y hacer más sencillo el cumplimiento para las pequeñas empresas.
Intercambio de información: articular datos procedentes de registros fiscales, bancarios, aduaneros y catastros digitales para identificar inconsistencias y orientar auditorías hacia los contribuyentes de mayor escala.
Regímenes simplificados: habilitar esquemas de tributación simplificada destinados a micro y pequeñas empresas que avancen en su formalización, brindando cargas administrativas menores y permitiendo acceso a beneficios como crédito y seguridad social.
Sanciones proporcionales: aplicar penalidades adecuadas para infractores relevantes y complementar con programas temporales de regularización que faciliten integrar a la base impositiva a quienes operan al margen del sistema.

Registro social único y focalización: desarrollar o mejorar un registro social que permita identificar a hogares pobres y vulnerables con criterios objetivos (ingreso, geografía, composición del hogar), evitando la duplicación de beneficios y las fugas.
Transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas: escala de transferencias directas a través de pagos mensuales a hogares empobrecidos, complementadas por condicionalidades orientadas a salud y educación para elevar el capital humano.
Pagos digitales y biométricos: usar pagos móviles y mecanismos biométricos que reduzcan filtraciones y garanticen que la ayuda llegue a destinatarios reales, minimizando la intermediación.
Tarifas sociales y tramos de consumo: establecer tarifas preferenciales para electricidad, agua y gas para los consumos básicos y aplicar tarifas crecientes para consumos de alto nivel.
Mecanismos automáticos durante choques: diseñar reglas fiscales que activen ampliaciones temporales de transferencias o subsidios focalizados cuando indicadores clave (inflación alimentaria, precio del combustible, desempleo) superen umbrales definidos.
Acceso a servicios complementarios: garantizar que la expansión de servicios básicos —salud, educación, saneamiento— acompañe a las transferencias para evitar que aumentos de precios básicos erosionen el poder adquisitivo.

Fases de implementación y estimaciones prudentes

Corto plazo (6–12 meses): suprimir las exenciones fiscales más obvias, robustecer los controles en las aduanas, poner en marcha campañas de regularización voluntaria y ampliar por un periodo limitado las transferencias dirigidas a los hogares con menores ingresos ante episodios de alzas de precios.
Mediano plazo (1–3 años): implementar la facturación electrónica, fortalecer el registro social único, aplicar tarifas sociales diferenciadas e introducir ajustes en los tramos del impuesto sobre la renta.
Largo plazo (3–5 años): afianzar transformaciones estructurales que impulsen una recaudación sostenible, como un impuesto al patrimonio bien estructurado, la formalización amplia de microempresas y una gestión más eficaz de las empresas estatales.

Con mejoras administrativas y reducción de exenciones ineficientes, es plausible lograr aumentos de recaudación equivalentes a una fracción importante del producto interno bruto en unos pocos años. Estos recursos deben orientarse a sostener transferencias focalizadas y a inversión en salud, educación e infraestructura que reduzcan la vulnerabilidad estructural.

Referencias y aprendizajes internacionales relevantes

Programas de transferencias condicionadas: diversas experiencias internacionales evidencian que los apoyos directos bien orientados pueden disminuir la pobreza y elevar los resultados en salud y educación, siempre que su financiamiento provenga de reformas progresivas que no comprometan la recaudación.
Digitalización tributaria: la modernización de sistemas de facturación y la integración de bases de datos ha permitido a varios estados incrementar la recaudación y contener la evasión sin necesidad de ajustar las tasas nominales.
Subsidios focalizados: reemplazar subsidios universales por ayudas dirigidas contribuye a recortar el gasto público y fortalece la equidad, siempre que se cuente con un registro social sólido y actualizado.

Pakistán puede ampliar de manera notable sus ingresos públicos sin perjudicar a los hogares más frágiles si articula reformas que vuelvan el sistema impositivo más progresivo, modernicen la gestión tributaria y reorienten los subsidios generales hacia apoyos específicos y automáticos durante periodos de crisis. El orden de implementación resulta crucial: partir de acciones administrativas de alto impacto, establecer una política fiscal que exija una mayor contribución a quienes poseen más recursos y, simultáneamente, robustecer mecanismos de protección social sustentados en registros fiables y pagos digitales. Con una comunicación clara y una supervisión estricta, se puede reforzar la sostenibilidad fiscal y disminuir la vulnerabilidad social de forma complementaria.